La Ley 31973, popularmente llamada Ley Antiforestal Perú, fue aprobada por insistencia en diciembre de 2023 y promulgada en enero de 2024. Esta reforma modificó varios artículos clave de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763), con el objetivo declarado de facilitar la formalización de predios rurales y beneficiar a pequeños agricultores.
Sin embargo, fue rápidamente cuestionada por su impacto ambiental, al reducir el control sobre la zonificación forestal y los trámites de cambio de uso de suelo, lo que generó fuertes críticas desde la sociedad civil, organismos internacionales y comunidades indígenas.
¿Qué cambia con la Ley 31973 Ley Antiforestal Perú?
Estas son las principales modificaciones introducidas por la Ley 31973:
1. Zonificación forestal ahora en manos del MIDAGRI
El artículo 33 de la nueva norma transfiere la competencia para aprobar la zonificación forestal al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), relegando al MINAM a un rol consultivo. Esto genera preocupaciones sobre la pérdida de autonomía ambiental en decisiones técnicas.
2. Suspensión de zonificación por tres años
Se suspende la exigencia de zonificación forestal como requisito para otorgar títulos habilitantes agropecuarios por hasta 3 años, lo cual facilita la expansión agrícola sin verificación ambiental adecuada.
3. Restricción en territorios indígenas (sin consulta previa)
Durante la suspensión, se prohíbe otorgar títulos forestales en zonas en trámite de reconocimiento o titulación indígena. Sin embargo, esto se aprobó sin consulta previa a las comunidades, violando el Convenio 169 de la OIT.
Críticas desde el derecho ambiental y constitucional
La aprobación de la Ley 31973 generó críticas por vulnerar principios del derecho ambiental peruano y por afectar derechos constitucionales:
1. Riesgo de impunidad ambiental
Al flexibilizar los requisitos de cambio de uso, la ley podría archivar más de 1,300 casos por delitos ambientales en fiscalías, debilitando la lucha contra la tala ilegal.
2. Aceleración de la deforestación
La ley fue vista como una norma que “acelera la deforestación”, según el mismo dictamen del Congreso, afectando la Amazonía, la biodiversidad y los compromisos climáticos del Perú.
3. Vulneración a pueblos indígenas
Al no realizarse la consulta previa, la norma fue criticada por ignorar los derechos de participación de las comunidades nativas, incrementando su vulnerabilidad territorial y cultural.
TC inconstitucional Ley Antiforestal: el fallo clave del Tribunal Constitucional
En marzo de 2025, el Tribunal Constitucional (TC) del Perú resolvió cuatro demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 31973. El resultado fue contundente:
¿Qué declaró el TC como inconstitucional?
- ✅ Primera disposición transitoria: que suspendía la zonificación forestal. El TC concluyó que representaba una amenaza directa a los recursos forestales y al deber estatal de protección ambiental.
- ✅ Segunda disposición transitoria: que prohibía otorgar títulos en zonas indígenas sin consulta. El TC señaló que omitió el proceso de consulta previa, violando tanto la Constitución como el Convenio 169.
Este fallo marca un precedente relevante en la protección de derechos ecológicos y de pueblos originarios, confirmando que el TC declaró inconstitucional partes clave de la Ley Antiforestal.
Derecho ambiental Ley 31973: ¿por qué importa este caso?
Este conflicto muestra la tensión entre desarrollo agrario y sostenibilidad. El derecho ambiental Ley 31973 se centra en el respeto a:
- La Constitución peruana (arts. 66, 67 y 102) sobre uso responsable de recursos naturales.
- El principio de sostenibilidad ambiental.
- La consulta previa y participación ciudadana.
La ley fue percibida como un retroceso que privilegiaba intereses económicos por encima de los derechos colectivos, la conservación ecológica y el marco legal ambiental.
Conclusión: hacia una reforma responsable del bosque peruano
La polémica por la Ley 31973 Ley Antiforestal Perú deja lecciones claras para futuras reformas. Cualquier política que afecte los bosques debe:
- Respetar el derecho constitucional a un ambiente sano.
- Garantizar la participación de pueblos indígenas y comunidades locales.
- Mantener el rol rector del MINAM en políticas ambientales.
El fallo del TC contra la Ley Antiforestal es una victoria parcial, pero refuerza la necesidad de legislar con equilibrio entre desarrollo rural y conservación ambiental.
