El reciente conflicto entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha generado debate público. La controversia gira en torno a la Vía Expresa Sur, que enfrenta un proceso sancionador por falta de certificación ambiental, y al proyecto del Tren Lima–Chosica, cuestionado por su viabilidad técnica.
Mientras el alcalde Rafael López Aliaga acusa al gobierno de “acoso político”, el ministro César Sandoval sostiene que la comuna tuvo más de 10 meses para regularizar sus documentos y que “nadie está por encima de la ley”.
Vía Expresa Sur: certificación ambiental en disputa
El MTC sostiene que la ampliación de la Vía Expresa Sur necesitaba renovar su certificado ambiental, vencido desde 2020. Según el organismo, cualquier intervención vial requiere una autorización vigente del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA).
👉 De acuerdo con el MTC, la Municipalidad de Lima omitió este requisito y ahora enfrenta un proceso sancionador que podría extenderse hasta nueve meses.
Por su parte, la Municipalidad de Lima (MML) argumenta que no se trata de una nueva obra, sino de la recuperación de espacios públicos, competencia que le otorga la Ley Orgánica de Municipalidades. Bajo esta interpretación, considera “excesivo” exigir un certificado ambiental y ha declarado la obra de emergencia e interés metropolitano mediante la Ordenanza N.° 2660.
La comuna capitalina ha anunciado que continuará con los trabajos mientras se resuelven las instancias legales correspondientes.
Tren Lima–Chosica: viabilidad técnica y legal
El proyecto del Tren Lima–Chosica, que planea reutilizar material rodante donado, también está en el centro de la polémica.
Problemas técnicos señalados por el MTC y la ATU:
- Trenes sin homologación local ni certificación de seguridad.
- Falta de doble vía, estaciones y sistemas de señalización.
- Ausencia de estudios de demanda y financiamiento sólido.
De acuerdo con especialistas, los trenes podrían operar solo a 15–20 km/h con la infraestructura actual, lo que limitaría su utilidad como servicio de transporte masivo.
Ante ello, el ministro Sandoval y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) calificaron el proyecto como “inviable” en sus condiciones actuales, convocando una mesa técnica multisectorial con el MEF, Ositran, Contraloría y la concesionaria FCCA para evaluar opciones.
Mientras tanto, la Municipalidad ha promovido exhibiciones del material y posibles pruebas piloto, aunque toda marcha blanca deberá cumplir con la normativa técnica y de seguridad antes de operar.
El conflicto entre la Municipalidad de Lima y el MTC refleja el dilema entre acelerar proyectos de infraestructura y cumplir con la normativa vigente.
- En el caso de la Vía Expresa Sur, el MTC defiende el principio de legalidad y la obligatoriedad de la certificación ambiental.
- Respecto al Tren Lima–Chosica, las autoridades exigen estudios técnicos, homologación y financiamiento antes de ponerlo en marcha.
El desenlace dependerá de la capacidad de coordinación entre las autoridades y del respeto al marco legal. Los proyectos pueden significar un gran avance para Lima, pero solo si se ejecutan de manera segura, transparente y sostenible.
