El 5 de junio de 2025, el Ministerio Público del Perú presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, generando un amplio debate jurídico, social y ético. La ley, publicada el 10 de mayo en el diario oficial El Peruano, modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para permitir que jóvenes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos por la comisión de delitos graves. Esta acción legal se encuentra actualmente en manos del Tribunal Constitucional, que deberá decidir si la norma respeta los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el país.
¿Qué establece la Ley 32330?
La Ley N.º 32330 permite que los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves sean procesados bajo el régimen penal ordinario, es decir, como si fueran adultos.
Los delitos incluidos bajo esta ley son:
- Homicidio
- Sicariato
- Violación sexual
- Terrorismo
- Secuestro
- Extorsión
- Narcotráfico
- Trata de personas
En estos casos, la ley contempla penas de internamiento entre 6 y 8 años, con posibilidad de reducción hasta los 21 años. El objetivo del Congreso, según sus impulsores, es enfrentar el uso de menores por parte de redes criminales organizadas.
Argumentos del Ministerio Público: ¿Por qué la ley sería inconstitucional?
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, sostiene que la Ley 32330 vulnera:
- La Constitución Política del Perú
- La Convención sobre los Derechos del Niño
- El principio de resocialización del menor infractor
El argumento principal es que esta norma elimina el enfoque de justicia juvenil especializada, al no ofrecer un tratamiento diferenciado ni medidas restaurativas que prioricen la rehabilitación sobre el castigo. Además, consideran que desnaturaliza el sistema penal juvenil vigente.
Reacciones institucionales contra la Ley 32330
Varios organismos nacionales e internacionales han manifestado su preocupación por la vigencia de esta norma:
- Poder Judicial del Perú
- Defensoría del Pueblo
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
- UNICEF
Estas entidades advierten que la ley contradice el bloque de constitucionalidad y compromete los derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley. La crítica central es que reducir la edad de imputabilidad penal sin medidas adecuadas de protección viola estándares internacionales.
¿Qué argumenta el Congreso a favor de la Ley 32330?
Los congresistas que promovieron la ley argumentan que:
- La delincuencia organizada utiliza a menores de edad para ejecutar crímenes graves, sabiendo que recibirán sanciones leves.
- El sistema actual de justicia juvenil es insuficiente para responder a delitos de alto impacto social.
- Se busca enviar un mensaje disuasivo mediante sanciones más firmes.
Desde esta perspectiva, la Ley 32330 no busca criminalizar la adolescencia, sino desarticular redes criminales que se aprovechan de la impunidad relativa de los menores.
¿Qué decidirá el Tribunal Constitucional?
El Tribunal Constitucional del Perú tiene en sus manos una decisión clave: declarar constitucional o inconstitucional la Ley 32330. En caso de ser anulada, se restauraría el sistema actual de justicia penal juvenil diferenciada.
Esta sentencia no solo impactará la aplicación de esta ley, sino que también establecerá un precedente vinculante para futuras reformas legales relacionadas con menores y delitos graves.
Conclusión
La Ley 32330 ha polarizado la opinión pública al introducir un cambio drástico en el tratamiento legal de adolescentes involucrados en delitos graves. Mientras el Congreso defiende la medida como una herramienta contra el crimen organizado, instituciones clave como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y UNICEF la consideran un retroceso incompatible con los derechos de la niñez y la Constitución.
El fallo del Tribunal Constitucional será decisivo para definir si el Perú avanza hacia un enfoque más punitivo o reafirma su compromiso con una justicia juvenil con enfoque resocializador, en línea con los tratados internacionales.
