La muerte de la deportista Lizeth Marzano, tras ser embestida por un vehículo cuyo conductor inicialmente se dio a la fuga, sacudió a la opinión pública. Sin embargo, no se trata de un hecho aislado. Los siniestros viales y, especialmente, la huida del responsable junto con la sensación de impunidad, vienen acumulándose con cifras preocupantes y procesos que muchas veces resultan lentos o terminan en sanciones percibidas como leves.
Este artículo analiza, desde un enfoque jurídico-penal, por qué la fuga del responsable y las falencias procesales alimentan la impunidad y qué fallas estructurales del sistema penal quedan al descubierto en estos casos.
1. Tipificación penal y agravantes: ¿qué aplica y dónde están los límites?
El ordenamiento penal peruano contempla figuras específicas para las conductas culposas que causan muerte o lesiones, así como para la conducta posterior al hecho.
Homicidio culposo (art. 111 del Código Penal).
Sanciona la conducta que, por culpa, causa la muerte de otra persona.
Lesiones culposas (art. 124 del Código Penal).
Se aplica cuando la conducta culposa produce daño corporal o perturbación de la salud, con graduaciones según la gravedad.
Omisión de socorro o exposición de la víctima (art. 126 del Código Penal).
Quien deja de prestar auxilio en una situación que pone en riesgo la vida o la salud puede ser sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años.
Fuga del lugar del accidente (art. 408 del Código Penal).
Cuando, tras un accidente con resultado de lesiones o muerte, el conductor se aleja para sustraerse a su identificación o a las comprobaciones necesarias, existe una figura autónoma con penas específicas que agravan la responsabilidad.
A estos tipos se suman circunstancias agravantes como la conducción bajo efectos del alcohol o drogas, el exceso de velocidad, la reincidencia o el uso de vehículo de transporte público. Estas pueden incrementar la pena o justificar medidas cautelares más severas.
Sin embargo, la tipificación es solo el primer paso. Su eficacia depende de la obtención y preservación de pruebas: dosaje etílico, estado del vehículo, testimonios, cámaras y una correcta calificación jurídica por parte del fiscal.
2. La huida como estrategia y sus efectos probatorios
La fuga del lugar del accidente tiene un doble impacto en el proceso penal.
Desde el punto de vista penal, constituye un delito autónomo o un factor agravante que aumenta la reprochabilidad de la conducta.
Desde el punto de vista probatorio, la huida puede generar destrucción o dilución de pruebas. El paso del tiempo afecta muestras biológicas como alcohol o drogas, altera las condiciones físicas del vehículo y debilita la memoria de testigos.
En el proceso penal peruano, la flagrancia permite detenciones inmediatas sin orden judicial. Pero si el responsable logra ocultarse por horas o días, la posibilidad de detención inmediata desaparece. En ese escenario, se requiere una orden de captura o medidas cautelares que demandan tiempo y trámites.
Esa ventana temporal debilita la persecución penal. El paso del tiempo puede permitir que la defensa cuestione la validez del dosaje etílico o la autoría, alegando dudas razonables. En términos prácticos, cada hora que pasa sin actuación coordinada reduce la solidez del caso.
3. Actuación policial y fiscal: entre la diligencia y la negligencia
En teoría, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público deben actuar de manera coordinada para asegurar la escena, conservar evidencias y solicitar medidas inmediatas.
En la práctica, diversos reportes periodísticos han evidenciado fallas recurrentes:
- Preservación inadecuada de la escena.
- Retrasos en la toma de muestras biológicas y su envío a laboratorios.
- Problemas en la cadena de custodia.
- Falta de pedidos cautelares urgentes cuando existen indicios de fuga.
- Respuestas que se aceleran únicamente cuando existe presión mediática.
La consecuencia es una respuesta desigual. En casos con amplia difusión pública, las diligencias tienden a intensificarse; en casos menos visibles, la investigación suele avanzar con menos recursos y menor supervisión. Esta heterogeneidad alimenta la percepción de impunidad.
4. La impunidad silenciosa en casos no mediáticos
El fenómeno no se limita a episodios aislados: las estadísticas oficiales y los grandes siniestros muestran una magnitud que exige una respuesta sostenida. El Estado dispone de instrumentos (protocolos, fiscalías especializadas, laboratorios), pero su implementación es desigual y, en muchos casos, insuficiente frente a la carga de hechos. Una publicación oficial sobre atenciones y siniestralidad (que registra la demanda de prestaciones y el impacto del SOAT/CAT) evidencia que las muertes y lesiones por tránsito mantienen números significativos que requieren políticas integrales
Casos comparados que ilustran patrones:
El episodio en que una menor de nueve años fue atropellada por un conductor en estado de ebriedad en Arequipa (mayo 2025) muestra otro patrón recurrente: conducción en estado de ebriedad, intentos de fuga y reacción social exigiendo la máxima sanción; la detención sucedió tras colisión posterior, lo que demuestra que a veces la captura no es inmediata y depende de la casualidad o de diligencias posteriores.
Grandes siniestros viales con decenas de víctimas han vuelto a poner de relieve la relación entre factores estructurales (mantenimiento vial, control de velocidad, condiciones de transporte) y la respuesta penal cuando hay responsables identificables; la complejidad técnica de estos casos demanda peritajes de alto nivel y coordinación interinstitucional.
¿Por qué el sistema termina favoreciendo la impunidad?
Ventana probatoria corta. El dosaje etílico y otras pruebas biológicas son sensibles al tiempo; si no se toman en la “hora cero”, la evidencia objetiva desaparece.
Capacidad forense limitada. Los laboratorios no siempre pueden priorizar todas las muestras urgentes; hay cola y faltan turnos especiales.
Protocolos no estandarizados ni fiscalizados. No existe un monitoreo nacional que obligue a un “checklist” aplicado en todas las comisarías.
Medios y recursos humanos insuficientes para realizar reconstrucciones de accidente o pericias vehiculares con la rapidez que exige la conservación de pruebas.
Falta de transparencia y registro público que permita medir tiempos de resolución y sanciones reales (lo que dificulta identificar patrones de impunidad y exigir cambios).
Propuestas operativas y normativas
Entre las medidas que podrían fortalecer la respuesta institucional se encuentran:
- Protocolo nacional obligatorio de “Hora Cero” con lista mínima de actuaciones inmediatas.
- Prioridad forense legalmente establecida con plazos máximos para pericias toxicológicas.
- Medidas cautelares ágiles ante indicios serios y riesgo de fuga.
- Base de datos pública sobre accidentes con fuga y su estado procesal.
- Capacitación y simulacros interinstitucionales en preservación de evidencia y cadena de custodia.
- Evaluación disciplinaria ante omisiones graves en actuaciones iniciales.
- Políticas sostenidas de prevención y control acompañadas de sanciones efectivas.
Conclusión
El marco legal peruano contempla herramientas para sancionar el homicidio culposo, las lesiones culposas y la fuga u omisión de socorro. No obstante, la brecha entre la norma y la práctica —marcada por ventanas probatorias cortas, capacidad forense limitada y protocolos desiguales— explica por qué la percepción de impunidad persiste.
Casos como el de Lizeth Marzano evidencian que, sin reformas operativas, priorización técnica y mayor transparencia, la efectividad de la justicia puede depender más de la visibilidad mediática que de una administración rigurosa y oportuna de la prueba.
