El 12 de junio de 2025, el Congreso de la República del Perú aprobó una controvertida Ley de Amnistía que exime de responsabilidad penal a militares, policías y civiles involucrados en graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000).
Promovida por la bancada fujimorista y sus aliados, la norma fue aprobada con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. En la misma jornada legislativa también se aprobó el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria para delitos comunes, con 92 votos a favor.
¿Qué establece la Ley de Amnistía 2025?
La norma declara amnistiables los delitos cometidos antes del 1 de julio de 2002 por integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa, siempre que no exista una sentencia firme.
Entre los delitos alcanzados por esta ley figuran:
- Ejecuciones extrajudiciales
- Torturas
- Violencia sexual
- Desapariciones forzadas
Se excluyen expresamente los crímenes vinculados directamente a terrorismo y corrupción de funcionarios.
Amnistía humanitaria
También se contempla una amnistía humanitaria para personas mayores de 70 años con sentencias firmes (en ejecución o parcialmente cumplidas). Esto podría beneficiar a militares y policías de edad avanzada que han estado décadas en prisión preventiva o cumpliendo condena.
Contexto histórico del conflicto armado peruano
El conflicto armado interno en Perú (1980-2000) enfrentó al Estado con grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el MRTA, dejando un saldo de aproximadamente 70,000 muertos y más de 20,000 desaparecidos, en su mayoría pobladores andinos e indígenas.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se documentaron más de 11,500 violaciones de derechos humanos y se hallaron múltiples fosas clandestinas.
Esta nueva ley sigue la línea de normativas anteriores, como la de 2024, que declaró prescriptos delitos previos a 2002 y benefició al expresidente Alberto Fujimori y a decenas de militares. Ahora, la Ley de Amnistía amplía ese alcance incluso a acusados sin sentencia.
Reacciones nacionales e internacionales
Críticas desde organismos de derechos humanos
Organizaciones como Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han cuestionado duramente la ley. Algunas de sus advertencias son:
- Liberaría al menos a 156 condenados por crímenes de lesa humanidad
- Podría archivar más de 150 casos con sentencia definitiva
- Cerraría hasta 600 procesos judiciales en curso, incluyendo el caso Putis (123 víctimas)
Además, recuerdan que el Perú está obligado por tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma, a investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad.
Posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La CIDH ha declarado en varias ocasiones que las leyes de amnistía en casos graves son inválidas y constituyen una forma de impunidad. En ese sentido, instó al Estado peruano a no promulgar esta norma, ya que vulneraría el derecho a la justicia de miles de víctimas.
Opiniones encontradas en el Congreso
Los defensores de la norma, como el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), sostienen que esta ley representa un acto de justicia para militares de avanzada edad:
“Los militares presos que tienen más de 70 años se van a la calle”.
Sin embargo, otros actores políticos y colectivos de víctimas la consideran un grave retroceso. Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, declaró:
“No se puede dar la espalda a miles de víctimas que llevan décadas esperando justicia”.
También se ha cuestionado que la ley obligue a jueces y fiscales a archivar los casos bajo pena de nulidad, lo cual podría ser inconstitucional y vulnerar los principios de reparación integral a las víctimas.
¿Y ahora qué pasará con la ley?
La Ley de Amnistía aún necesita ser promulgada por la presidenta Dina Boluarte o, en su defecto, puede ser observada o vetada. Esta decisión será clave para definir su vigencia y constitucionalidad.
La aprobación coincide con una creciente crisis de confianza en el Congreso, y muchos expertos señalan que el país se encuentra ante un punto de quiebre en la justicia transicional: entre la necesidad de cerrar capítulos dolorosos del pasado y el riesgo de consagrar la impunidad.
Concluimos que…
La Ley de Amnistía 2025 ha reavivado el debate sobre cómo debe el Perú enfrentar su pasado violento. Para algunos, se trata de una medida necesaria para aliviar la carga judicial y proteger a veteranos del conflicto. Para otros, representa una afrenta a los principios de verdad, justicia y reparación.
Su promulgación o rechazo marcará un precedente clave en el compromiso del país con los derechos humanos, el Estado de derecho y su relación con instancias internacionales.
